Juristas, fiscales y asociaciones piden eliminar de la legislación el término «incapacidad»
Juristas, fiscales y asociaciones piden eliminar de la legislación el término «incapacidad»
Aseguran que la ordenación jurídica mantiene «desequilibrios»
Redacción / Madrid- 09/07/2015
El exmagistrado del Tribunal Supremo y patrono de la Fundación Aequitas Benigno Valera ha manifestado este miércoles en el Foro Servimedia-Comunicación sobre ‘Reforma del Código Penal y protección jurídica de las personas con discapacidad’ que «no tiene sentido que en los tiempos que vivimos se siga hablando de personas incapaces y del procedimiento de incapacitación».
Varela puso así de manifiesto los desequilibrios que aún persisten en la ordenación jurídica de la discapacidad en España y recordó que la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la misma capacidad jurídica a todas las personas independientemente de sus capacidades.
Con Varela, también participaron en el encuentro el director de Comunicación de Servimedia, Arturo San Román, que actuó como moderador; el Fiscal de la Sala Civil del Tribunal Supremo, José María Paz; el notario y presidente de la Fundación Aprocor, Ramón Corral; el catedrático de Derecho Penal de la UNED y abogado penalista, Luis Rodríguez Ramos; y la asesora jurídica de Feaps, Inés de Araoz.
Mientras que el Código Penal, tras la reforma que entró en vigor el pasado 1 de julio, ha sustituido el término «incapaz» por el de «persona con discapacidad necesitada de especial protección», el Código Civil sigue hablando de causas de incapacitación en referencia a enfermedades o deficiencias permanentes de carácter físico o psíquico, según subrayó Rodríguez Ramos, resaltando el hecho de que «de los tres sectores que están implicados en la regulación de la discapacidad, el administrativo, el penal y el civil, es el civil el que menos se ha adaptado».
Para la asesora jurídica de Feaps, el cambio en el Código Penal no es suficiente, porque «hay que aplicar la Convención de la ONU en todos sus términos y avanzar en la capacitación del personal de la Administración de Justicia».
Por su parte, el Fiscal José María Paz consideró que la reforma penal supone un avance en la protección jurídica de las personas con discapacidad, pero que «van a surgir problemas técnicos en su aplicación y existe el riesgo de que algunas personas queden desprotegidas».
Por último, Corral consideró que «no cabe duda de que la Convención (de la ONU) debe aplicarse, y todos los problemas que puedan surgir podrán solucionarse a la luz del principio de que todas las personas tienen la misma capacidad jurídica con el único matiz de si una persona necesita de un apoyo especializado, ya sea para un acto determinado, para un periodo determinado y con mayor o menor intensidad».
DEBATE SOBRE LA TUTELA
El fiscal José María Paz puso sobre la mesa el problema de que los tutores puedan tomar el dinero de sus pupilos o de las personas sujetas a su tutela. Antes de la última reforma penal, podía eludirse el tratamiento penal por la excusa absolutoria, algo que se ha modificado pero que no oculta la existencia del problema. La posición de la Fiscalía en esta tema es clara y acorde a la citada Convención, respetar la dignidad de las personas, resaltando su capacidad, por mínima que sea.
Un posicionamiento, el de la Fiscalía, que no ha impedido que en los últimos años haya habido problemas judiciales relacionados con esa misma interpretación de la norma, como se encargó de recordar Rodríguez Ramos, una queja también suscrita por el notario Ramón Corral.
Por este motivo, el presidente de la Fundación Aprocor pidió que fiscales, jueces, abogados, entidades y fundaciones sean generosos en la aplicación de la norma para hacer que ésta responda al espíritu de la convención. Por último, Varela insistió en la necesidad de «sensibilizar a la sociedad, a nuestras autoridades y a nuestros legisladores en el tratamiento de la discapacidad».
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