Frente común de las Administraciones y el CERMI para luchar contra la venta ilegal de cupo

La Delegación del Gobierno, la Consejería de Hacienda y el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad han reafirmado este viernes en rueda de prensa su compromiso para reforzar la lucha contra el juego ilegal. Y es que, en el último año, la Comunidad, en colaboración con la Brigada Provincial de Juego, se ha incautado de unos 29.000 boletos no autorizados.

Así, han formado un frente común para combatir prácticas de empresas que emplean a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social para realizar actividades con intereses meramente lucrativos y sin el más mínimo respaldo legal.

El delegado del Gobierno, Antonio Sánchez Solís; el consejero de Hacienda, Andrés Carrillo; y el presidente nacional y la presidenta regional de Cermi, Luis Cayo Pérez-Bueno y Pilar Morales, respectivamente, se han comprometido a coordinar actuaciones para acabar con estas prácticas al margen de la ley que «cada año mueven en toda España 86 millones de euros».

Según los representantes de las personas con discapacidad, estas empresas «no aportan ningún tipo de ayuda, servicio o soporte a las Personas con Discapacidad de Murcia». 

Por ello, «nunca han sido admitidas ni reconocidas por la globalidad del tercer sector social de la discapacidad al no reunir ninguna de las condiciones de transparencia, respetabilidad y prestigio imprescindibles para pertenecer a nuestro sector», han dicho.

A todo ello, han indicado, «se añade el hecho de que promueven y despliegan actividades de juego sin amparo legal en el que la imagen de la discapacidad y la exclusión social es tomada como pretexto al servicio de intereses lucrativos». Los representantes de Cermi han recordado que el movimiento asociativo ayuda a encontrar trabajo a personas con discapacidad a través de sus integradores laborales.

El consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, ha manifestado que en la Comunidad, los órganos encargados del control del juego «siguen actuando contra cualquier manifestación de juego ilegal, incluida las actividades de venta ambulante de productos de lotería por parte de entidades que carecen de la preceptiva autorización administrativa para organizar tales juegos».

De hecho, ha puntualizado que los dos únicos operadores de juego habilitados por el Estado para la venta de este tipo de productos son SLAE (Apuestas y Loterías del estado) y ONCE.

Carrillo ha recordado, además, que la Asamblea Regional «aprobó por unanimidad el pasado 17 de marzo una moción instando al Gobierno regional a continuar luchando contra el juego ilegal».

Desde 2009, la Comunidad ha incoado 282 expedientes sancionadores en materia de juego, imponiendo sanciones por un importe total de 526.000 euros.

El delegado del Gobierno ha destacado que la coordinación y colaboración entre la consejería de Hacienda y el Gobierno de España, a través de la Policía Nacional, es «absoluta».

Sánchez Solís ha precidado que, en los últimos meses, el Servicio de Control de Juegos de Azar de la Policía Nacional ha acompañado en varias ocasiones a agentes de juego de la Consejería para que procedieran a la notificación e intento de ejecución de varias resoluciones de procedimientos sancionadores relacionados con la actividad de venta de cupones en la Región de Murcia.

Considera que el compromiso es «reforzar esa lucha contra el núcleo de las organizaciones, no contra los vendedores», a los que ha calificado como «víctimas», pero que tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Sanidad, en sus respectivas competencias, «han actuado en los últimos meses con contundencia».

Igualmente, el delegado ha cifrado en 25 millones de euros la sanción impuesto por Hacienda a una de las organizaciones ilegales y la incautación de cerca de 4.000 boletos en Murcia por parte de Policía Nacional el pasado 26 de abril. También ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que se impliquen en esta lucha evitando comprar cupones ilegales.

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