Fundación ONCE pide normas más garantistas en la contratación pública de servicios sociales
Fundación ONCE pide normas más garantistas en la contratación pública de servicios sociales
En una jornada sobre provisión de servicios y Tercer Sector, organizada por Plena Inclusión
Servimedia / Madrid- 15/09/2016
Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, ha abogado en Madrid por que España construya un sistema normativo más garantista en cuanto a la preservación de los derechos de las personas, cuando reforme la legislación relativa a la contratación pública de servicios sociales tales como los relacionados con el cuidado de ciudadanos dependientes o con discapacidad.
«Determinados servicios públicos, como los servicios sociales que prestan cuidados a personas vulnerables, como las que se encuentran en situación de exclusión social, las que tienen discapacidad, las que están en situación de dependencia, no deben ser tratados exclusivamente bajo las reglas de la contratación pública», afirmó Cabra de Luna en un encuentro sobre provisión de servicios y Tercer Sector celebrado este miércoles en Madrid y organizado por Plena Inclusión.
El también consejero del Comité Económico y Social Europeo argumentó que las reglas de la contratación pública se basan, por su naturaleza, en la libre concurrencia y competitividad, lo que a su vez se apoya en criterios fundamentalmente de coste.
Y estos criterios, prosiguió el representante de Fundación ONCE, «sirven muy bien para garantizar una eficaz gestión de los fondos públicos a la hora de cuidar los parques y jardines, la atención telefónica, el mantenimiento de una web pública, etc», pero no para garantizar plenamente «una gestión eficaz de derechos de las personas vulnerables, reconocidos en la Constitución».
Desde esta perspectiva, el doctor Cabra de Luna abogó por que la contratación pública tenga en cuenta los aspectos sociales «en favor de la protección del empleo y de las condiciones laborales, así como en favor de las personas con discapacidad y de otros colectivos desfavorecidos».
Las nuevas directivas, añadió, que España tendría que haber transpuesto a su ordenamiento jurídico como muy tarde el pasado mes de abril, están orientadas en este sentido, «aunque la prueba del algodón vendrá en su aplicación efectiva», ya que deja «bastante margen de contratación» a Estados y autoridades.
El director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE alabó el importante papel que desempeñan las entidades del Tercer Sector en la prestación de servicios sociales y apostó por mejorar los modelos de relación entre ellas y las administraciones públicas con jornadas de debate como la impulsada por Plena Inclusión y desarrollada este miércoles en Madrid.
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