La sostenibilidad del sector social de la discapacidad en Castilla-La Mancha: una urgencia impostergable

Desde el CERMI CLM, como plataforma que representa los derechos de las personas con discapacidad y como actor esencial del Tercer Sector Social en Castilla-La Mancha, queremos expresar con claridad la creciente preocupación por la sostenibilidad del modelo actual de atención a la discapacidad.

A pesar de los avances normativos que se han producido en los últimos años en materia de derechos sociales, persisten importantes desafíos que comprometen la aplicación efectiva de esos derechos de las personas con discapacidad.

Los retrasos en el desarrollo normativo, como la implementación plena de la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha (Ley 14/2010), la Ley 7/2014 de Garantías de los Derechos de las Personas con discapacidad o la Ley 3/2018, de Protección y Apoyo Garantizado para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha, regulación de los servicios de capacitación sociolaboral o la atención temprana y una estrategia regional de discapacidad, entre otras; no son meramente cuestiones administrativas: tienen un impacto real y diario en quienes más apoyo requieren. Con la publicación en el Diario Oficial de estas leyes, tan necesarias, no es suficiente. La falta de los desarrollos normativos de esta legislación, como de cualquier otra, hace que los avances sociales que pretenden, no calen en la vida de la ciudadanía, haciendo sentir a ésta que las leyes son papel mojado.

Las entidades del Tercer Sector Social que trabajamos en la atención a la discapacidad seguimos operando bajo un modelo frágil, marcado por la incertidumbre económica, de financiación débil,  asado en subvenciones anuales de un “irreal régimen de concurrencia competitiva”, provocando escasa capacidad de planificación. Esta situación no solo dificulta la labor profesional de las  organizaciones, sino que limita la estabilidad y continuidad de los servicios de la red pública regional que reciben las personas con discapacidad.

Frente a este contexto, consideramos fundamental avanzar hacia un modelo de concierto social estructurado y garantista, como ya existe en otras comunidades autónomas. Este modelo no es una demanda sectorial aislada, sino una herramienta esencial para garantizar derechos: permite ofrecer servicios estables, de calidad y adaptados a las necesidades de las personas, al tiempo que reconoce el papel imprescindible de las entidades sociales como aliadas de la administración pública, siendo las prestadoras de los servicios públicos.

En este sentido, el concierto social es también un instrumento para hacer efectivo el principio de igualdad, asegurando que todas las personas, independientemente de su lugar de residencia, puedan acceder a los mismos derechos y oportunidades, que permita una financiación justa sobre el coste real de los servicios de la red pública.

Desde CERMI CLM, reiteramos nuestro compromiso firme con el diálogo y la colaboración institucional, pero también exigimos responsabilidad y visión de futuro. Apostamos por una colaboración  institucional sólida, basada en la corresponsabilidad, la transparencia y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Confiamos en que los poderes públicos de Castilla-La Mancha sabrán estar a la altura del momento, impulsando una agenda común que garantice el bienestar, la inclusión y la dignidad de las personas con discapacidad.

CERMI CASTILLA LA MANCHA se une a la reivindicación de CERMI ESTATAL por la que se insta al Gobierno central y a CCAA a renovar con agilidad el acuerdo sobre distribución entre Estado y territorios de las asignaciones tributarias de interés social.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado al Gobierno central, a través de ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y a las Comunidades y Ciudades Autónomas a renovar con celeridad el acuerdo sobre la distribución entre el Estado y los territorios de la recaudación de las asignaciones tributarias del 0,7 % en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto de Sociedades.

El acuerdo vigente, que supone un reparto de lo recaudado del 80 % para las Comunidades y Ciudades Autónomas y un 20 % para el Estado (convocatoria centralizada nacional) expira este año 2025, por lo que es urgente prolongarlo para los próximos 5 años, dado que es la fuente sustancial de financiación de los programas sociales que lleva a cabo el tercer sector de acción social en toda España.

Quedan pocos meses, pues, para renovar el acuerdo, que requiere encarar y culminar todo el proceso político y administrativo que esto conlleva, por lo que el CERMI exige celeridad a las administraciones involucradas (Estado y Comunidades Autónomas) para alcanzar un buen y pronto resultado.

El movimiento de la discapacidad, junto con todo el tercer sector de acción social, exige que el acuerdo renovado mantenga el reparto del 80 % – 20 % entre dimensión territorial y estatal, ya que significa un punto de encuentro de todas las partes concernidas que ha traído paz a un tema que en el asado fue objeto de debate político y judicial, que no debe volver a repetirse.
Toledo, 29 de mayo de 2025.

Buenos días a todas, todos.

Es un orgullo darles la bienvenida a este congreso que, más que un espacio académico, es un espacio de compromiso, de lucha y, sobre todo, de esperanza. Porque cuando hablamos de salud mental como una cuestión de derechos humanos, no estamos hablando de un tema secundario. Estamos hablando de dignidad, de justicia social, de vida.

Y es urgente que lo digamos claro, frente a quienes aún dudan, frente a quienes aún recortan: la salud mental es un derecho humano. No un lujo, no un favor, no una última prioridad. Es un derecho. Y debe garantizarse con políticas valientes y con recursos reales.

Durante décadas, las personas con discapacidad psicosocial han sido invisibilizadas, excluidas y, demasiadas veces, encerradas, medicadas o ignoradas. Pero hoy venimos a decir: basta. Basta de paternalismos, de decisiones sin consulta, de servicios pensados desde la desconfianza y no desde el acompañamiento.

Sabemos que este es un reto colectivo. No basta con leyes bonitas — aunque las necesitamos. Hace falta transformar los sistemas desde la raíz. Y para eso necesitamos a todos los actores: las administraciones públicas, las organizaciones sociales, los colectivos activistas, y las personas que viven en primera persona estas realidades.

Porque no hay política pública eficaz si no escucha a quienes han vivido en carne propia el estigma, la exclusión, la medicalización forzada o la soledad más profunda.

Y sí, hablemos de soledad. Porque uno de los grandes enemigos de la salud mental hoy es la soledad no deseada. Esa que afecta especialmente a nuestras personas mayores, pero también — y esto es dramático — a los jóvenes. Jóvenes que viven en un mundo hiperconectado, pero emocionalmente aislado. Jóvenes sin redes de apoyo, sin espacios seguros, sin futuro estable. Jóvenes que están gritando por dentro, y a los que muchas veces solo les ofrecemos silencio o diagnósticos.

No podemos seguir mirando para otro lado. La salud mental de las personas jóvenes debe ser una prioridad política, institucional y comunitaria. Porque no hay nada más desgarrador que ver a una generación perder la esperanza.

Y para cuidar la salud mental, hace falta comunidad. Hace falta tejido. Hace falta inversión sostenida en las entidades sociales que están ahí día a día, acompañando, conteniendo, apoyando. Las asociaciones y colectivos no son un complemento. Son la columna vertebral de un modelo comunitario de atención y derechos. Y ya va siendo hora de que las administraciones dejen de delegar responsabilidades sin dar herramientas. Necesitamos financiación estable, recursos humanos, formación y reconocimiento institucional real.

Porque no se construye un sistema de derechos sin recursos. Ni se combate la exclusión solo con discursos.

Por eso, hago hoy un llamamiento directo a las autoridades presentes: la salud mental no puede seguir siendo el último punto del presupuesto. Hay que invertir con responsabilidad, pero también con valentía. Hay que apostar por la atención comunitaria, por los apoyos en primera persona, por la inclusión en todos los espacios: el educativo, el laboral, el sanitario, el cultural.

Y, al mismo tiempo, hago un llamamiento a quienes venimos del activismo: que sigamos empujando. Que sigamos organizadas, vigilantes, creativas. Que no dejemos de levantar la voz por cada persona que ha sido silenciada.

Este congreso es una oportunidad para tejer puentes entre lo institucional y lo social, entre lo técnico y lo vivencial. Y si de verdad queremos avanzar, necesitamos que esos puentes estén hechos de escucha, de respeto y de compromiso mutuo.

Recordemos algo fundamental: la discapacidad psicosocial no puede seguir tratándose como algo individual. Es una cuestión de derechos. Es una cuestión de justicia. Es una cuestión de comunidad.

Hoy más que nunca, necesitamos políticas públicas que cuiden sin encerrar, que este congreso sea el inicio de alianzas reales. Y que no se nos olvide nunca: los derechos humanos no son algo que alguien te da sino algo que nadie te puede quitar.

Ante las declaraciones del obispo emérito Juan Antonio Reig Pla el pasado 11 de mayo durante una homilía pronunciada en la Basílica de la Anunciación de Alba de Tormes (Salamanca)

Desde el CERMI de Castilla-La Mancha manifestamos:

La discapacidad no es pecado

No podemos guardar silencio ante las declaraciones del obispo emérito Juan Antonio Reig Pla, quien el pasado 11 de mayo, durante una homilía en Salamanca, asoció la discapacidad con “el pecado” y con un supuesto “desorden de la naturaleza”.

Estas palabras no solo son profundamente equivocadas, sino también dañinas. Refuerzan estereotipos antiguos y excluyentes que han sido utilizados históricamente para marginar, culpabilizar y deshumanizar a millones de personas. La discapacidad no es un castigo, ni un defecto, ni una consecuencia del pecado. Es una condición humana más, que forma parte de la diversidad de nuestra sociedad.

Las personas con discapacidad no necesitan ser perdonadas ni redimidas por existir. Lo que necesitan es igualdad de derechos, accesibilidad, respeto y una sociedad que las reconozca como sujetos plenos, capaces y dignos. Vincular su existencia a una visión moralista y arcaica solo perpetúa el estigma y la discriminación.

La dignidad de toda persona es inviolable, con independencia de sus capacidades. Este principio no solo es recogido por los derechos humanos, sino que también está en la raíz del mensaje cristiano cuando se comprende desde el amor, la inclusión y la justicia.

Exigimos respeto. Las palabras del obispo Reig Pla no representan ni la realidad de las personas con discapacidad ni los valores que deberían regir una sociedad democrática y plural.

Las personas con discapacidad no somos un error de la naturaleza, sino una parte valiosa de la humanidad.